Si la mayor riqueza de la UE es su diversidad, ésta se convierte en un efecto boomerang cuando hay que sentar a 28 países en torno a una mesa para acordar normas fiscales de obligado cumplimiento para todos.
Lo que se busca es acabar con el llamado «fraude carrusel», es decir, un modo de operar basado en usar empresas pantalla en diferentes países para eludir el pago tributario sirviéndose de la exención que existe en el IVA intracomunitario. La clave de la reforma es la eliminación de esta exención. En estas operaciones se aplicará, además, el principio de destino. De esta forma, cuando una empresa venda bienes o servicios a otra compañía con sede en otro país de la UE, la operación se gravará con el tipo de IVA del Estado miembro al que pertenezca la empresa compradora.
De esta forma, el impuesto será recaudado por las autoridades fiscales del país de origen y posteriormente se transferirán al Estado miembro de destino. La Comisión, como explicaron fuentes del equipo de Moscovici, es «muy consciente de la complejidad de este cambio», por lo que plantea que en una primera fase las modificaciones únicamente se apliquen al comercio de bienes.
Para facilitar la trasferencia de la recaudación del IVA entre países, las empresas podrán utilizar un portal digital que estaría disponible en su idioma, de acuerdo además con las normas y las plantillas de su país. Bruselas cree que «la modernización y simplificación de este modelo puede reducir en 1.000 millones los costes a los que se enfrentan las empresas que operan entre países».
Lo de este miércoles sólo fue el principio, ya que en noviembre se presentarán propuestas para seguir avanzando en otros tres frentes: la modificación de las normas sobre tipos reducidos, el refuerzo de la cooperación administrativa entre países y la simplificación del IVA para las pymes.